The aforesaid authorization is independent of any other authorization that is required by law to exercise a profession or operate a business in Costa Rica. The benefit that this authorization offers is that the foreigner is not exposed to any immigration sanctions (such as the cancellation of their immigration status) for working in Costa Rica.

The practice of certain professions such as medicine or law requires the homologation of university diplomas and incorporation into the respective professional association. Otherwise, the foreigner could be exposed to criminal consequences for the crime of illegal exercise of the profession, which is punishable by imprisonment of between three months to two years.

Not all professions require homologation and incorporation into a professional association. Individuals who practice journalism do not require it. The exercise of commerce does not require it either, except for authorizations or permits that are required by law to operate a business in Costa Rica.

At CELIG we provide specialized services to the LGBTQI+ community. If you would like more information or make an appointment with us, call us at 4001-6439 or write to us at info@celigcr.com.

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Master of Science Ana Isabel Sibaja Rojas

CELIG – Center for Equal Litigation

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La autorización que confiere la legislación migratoria a la persona extranjera unida con persona costarricense es independiente de cualquier otra habilitación que por ley sea requerida para ejercer una profesión u operar un negocio en Costa Rica. El beneficio que esta autorización ofrece es que la persona extranjera no se expone a ninguna sanción migratoria (como la cancelación de su estatus migratorio) por el hecho de laborar en Costa Rica.

El ejercicio de ciertas profesiones como la medicina o la abogacía requieren la equiparación de títulos universitarios e incorporación al Colegio profesional respectivo. De lo contrario, la persona extranjera podría exponerse a consecuencias penales por el delito de ejercicio ilegal de la profesión, el cual es sancionado con prisión de tres meses a dos años.

No todas las profesiones requieren la equiparación e incorporación a un Colegio profesional. Las personas que ejercen el periodismo no lo requieren. El ejercicio del comercio tampoco lo requiere, salvo las autorizaciones o permisos que sean obligatorios por ley para operar un negocio en Costa Rica.

En CELIG brindamos servicios especializados a la comunidad LGBTQI+. Si desea obtener más información o concertar una cita con nosotros, llámenos al teléfono 4001-6439 o escribirnos al correo electrónico info@celigcr.com.

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The Inter-American Court reiterated that it is the responsibility of all companies to respect human rights, which includes the rights of the LGBTQI+ population. In particular, the Court noted that “[…] companies must ensure that they do not discriminate against LGBTIQ+ suppliers and distributors or LGBTIQ+ customers when they access their products and services. This implies not only avoiding discrimination, but also dealing with problems of violence, harassment, intimidation, mistreatment, incitement to violence and other abuses against LGBTIQ+ people in which companies may be involved through their products, services or commercial relationships. Companies must also ensure that LGBTIQ+ customers «can access their products and services» (paragraph 103 of the Judgment).

With the foregoing, the Inter-American Court opens an important path for the legal protection of the prohibition of non-discrimination based on sexual orientation, identity or gender expression in private relationships, particularly in the commercial sphere. The principles of contractual freedom or the right of conscientious objection that could be invoked by private subjects to not provide or contract the services of LGBTQI+ people, would have to yield in favor of the full protection of equality and non-discrimination protected by the American Convention on Human Rights and the Costa Rican Constitution. Thus, people who have been denied a service or have not been considered as a provider for reasons of their sexual orientation, gender identity or expression, could find more legal options for the protection of their rights.

Another important point is that the judgment would allow LGBTQI+ people who have been victims of violence or any other form of discrimination when receiving or providing a service to a company, could have access to legal measures against the company involved.

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De manera contundente la Corte Interamericana reiteró que es responsabilidad de todas las empresas de respetar los derechos humanos, lo cual incluye los derechos de la población LGBTQI+. En particular, la Corte señaló que “[…] las empresas deben asegurarse de que no discriminan a los proveedores y distribuidores LGBTIQ+ ni a los clientes LGBTIQ+ a la hora de que estos accedan a sus productos y servicios. Ello implica no solo evitar la discriminación, sino hacer frente a problemas de violencia, acoso, intimidación, malos tratos, incitación a la violencia y otros abusos contra las personas LGBTIQ+ en que las empresas puedan estar implicadas por medio de sus productos, servicios o relaciones comerciales. Las empresas deben asegurarse, asimismo, de que los clientes LGBTIQ+ “pueden acceder a sus productos y servicios” (párrafo 103 de la Sentencia).

Con lo anterior la Corte Interamericana abre una importante vía para la protección legal de la prohibición de no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género en las relaciones privadas, particularmente en el ámbito comercial. Los principios de libertad contractual o el derecho de objeción de conciencia que podrían invocar sujetos privados para no brindar o contratar los servicios de personas LGBTQI+, tendrían que ceder a favor de las personas del colectivo para la protección plena de la igualdad y no discriminación que protegen la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de Costa Rica. Así las cosas, personas a las que les haya sido negado un servicio o no se les haya considerado como proveedor por motivos de su orientación sexual, identidad o expresión de género, podrían encontrar más opciones legales para la protección de sus derechos.

Otro punto importante es que la sentencia permitiría a las personas LGBTQI+ que hayan sido víctimas de violencia o de cualquier otra forma de discriminación al recibir o brindar un servicio a una empresa, podrían tener acceso a medidas legales contra la empresa involucrada.  

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La Municipalidad de San Ramón bloqueó a una persona de su cuenta oficial de Facebook. La Municipalidad alegó como motivo que la persona expuso en sus redes sociales el nombre, imagen y correo electrónico de una de sus funcionarias. La funcionaria alegó afectación psicológica y emocional producto de esta exposición. La persona bloqueada por la Municipalidad acudió a la Sala Constitucional a reclamar la violación de sus derechos humanos.

La Sala Constitucional recordó que las redes sociales de instituciones públicas son de carácter público. A través de ellas, las personas seguidoras pueden acceder a información con ese carácter, así como dejar comentarios en las redes sociales de la institución pública. El Alto Tribunal también recordó que las instituciones públicas solo pueden bloquear a personas por comprobadas razones que sean realmente graves y que, en todo caso, el bloqueo no puede ser por tiempo indefinido.

En este caso la Sala concluyó que el motivo alegado por la Municipalidad no era lo suficientemente grave. En este aspecto recordó que las personas funcionarias públicas deben tolerar con mayor amplitud las críticas y reproches. El Alto Tribunal también concluyó que el bloqueo indefinido del recurrente era violatorio de sus derechos. En particular, consideró que la actuación de la Municipalidad era violatoria del derecho a la libertad de expresión de la persona afectada. 

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The Municipality of San Ramón blocked a person from their official Facebook account. The Municipality alleged as a reason that the person exposed on his social media the name, image and email of one of its civil servants. The civil servant alleged psychological and emotional distress as a result of this exposure. The person blocked by the Municipality filed a writ of amparo with the Constitutional Court.

The Constitutional Court recalled that the social media of public institutions are of a public nature. Through them, followers can access public information, as well as leave comments on the social media of the public institution. The High Court also recalled that public institutions can only block users due to proven grave reasons and that, in any case, users cannot be blocked indefinitely.

In this case, the Court concluded that the reason alleged by the Municipality was not grave enough. In this regard, the Court recalled that public officials should more widely tolerate criticism and reproach. The High Court also concluded that the indefinite blocking of the appellant was a violation of his rights. In particular, it considered that the actions of the Municipality infringed upon his right to freedom of expression.

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Un profesor de Estudios Sociales en un colegio público reclamó ante la Sala violación a sus derechos fundamentales por parte de su supervisora. El recurrente reclamó que su supervisora le ordenó emitir un informe sobre el uso de su imagen en un grupo de WhatsApp en el que eran miembros tanto el profesor como sus alumnos.

La Sala tuvo por demostrado que el recurrente envió una “sticker” con la imagen de la directora del centro educativo a un grupo de WhatsApp. Los miembros de este grupo eran el profesor y sus alumnos. Además, tuvo por demostrado que la madre de uno de esos alumnos comunicó este hecho a la directora. Ante esta situación, la directora solicitó al profesor un informe sobre el uso de su imagen en el grupo de WhatsApp.

En opinión de la Sala “a pesar de que las comunicaciones a través de la aplicación de mensajería WhatsApp son privadas, en este caso particular la recurrida no obtuvo la imagen de manera ilegítima y se trata de un chat con fines académicos en que tanto los padres de familia o encargados, como el personal de los centros educativos tienen la obligación de ser vigilantes de las conversaciones que ocurren dentro de este contexto”.

Por lo anterior, el uso de imágenes o mensajes en grupos de WhatsApp u otro tipo de aplicaciones bien podría tener repercusiones a nivel laboral. La obtención de estas imágenes o conversaciones de manera legítima por la parte patronal, en opinión de la Sala, no puede considerarse violatorio de los derechos fundamentales de la persona trabajadora.

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A Social Studies teacher in a public school complained before the court that his supervisor had violated his fundamental rights. The appellant claimed that his supervisor ordered him to issue a report on the use of her image in a WhatsApp group in which both this teacher and his students were members.

The Chamber considered it proven that the petitioner sent a «sticker» with the image of the director of the educational center to a WhatsApp group. The members of this group were the teacher and his students. In addition, it was proven that the mother of one of those students communicated this fact to the director. Given this situation, the director asked the teacher for a report on the use of her image in the WhatsApp group.

In the opinion of the Court, “despite the fact that communications through the WhatsApp messaging application are private, in this particular case the respondent did not obtain the image illegitimately and it is a chat for academic purposes in which both the parents of family or legal guardians, such as the staff of educational centers have the obligation to be vigilant of the conversations that occur within this context”.

In light of the above, the use of images or messages in WhatsApp groups or other types of applications could well have disciplinary repercussions. Obtaining these images or conversations legitimately by the employer, in the opinion of the Chamber, cannot be considered a violation of the fundamental rights of the worker.

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En la sentencia 21509-2022, la Sala Constitucional conoció de un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano que reclamaba que por su condición de discapacidad y por no tener acceso a un teléfono ni internet, no pudo participar de una entrevista virtual para un concurso en el Ministerio de Justicia y Paz. El ciudadano reclamó que esta situación era discriminatoria y violatoria de sus derechos humanos.

La Sala Constitucional tuvo por demostrado que el ciudadano era una persona con discapacidad que no tenía acceso a un teléfono ni a una conexión estable de internet para realizar una entrevista virtual. El ciudadano comunicó esta situación al Ministerio y por ello pidió la realización de una entrevista presencial. Sin embargo, su solicitud no fue atendida, no pudo realizar la entrevista y quedó fuera del concurso.

El Alto Tribunal consideró que al no permitirle realizar la entrevista de forma presencial (a pesar de que existía una circular que permitía hacer entrevistas tanto virtual como presencial), el Ministerio violentó el derecho del ciudadano a participar en igualdad de condiciones en el concurso de selección de su interés. Por lo anterior, la Sala Constitucional ordenó que de realizarse nuevamente el concurso se le permitiera realizar la entrevista de forma presencial a quien así lo requiriese, incluyendo al amparado.

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In judgment 21509-2022, the Constitutional Chamber heard a writ of amparo filed by a citizen who claimed that due to his disability and not having access to a telephone or internet, he could not participate in a virtual interview for a recruitment process in the Ministry of Justice and Peace. The citizen claimed that this situation was discriminatory and violated his human rights.

The Constitutional Chamber found that the citizen was a person with disabilities who did not have access to a telephone or a stable internet connection to join a virtual interview. The citizen reported this situation to the Ministry and therefore requested a face-to-face interview. However, his request was not granted, he was unable to conduct the interview and did not move forward in the recruitment process.

The Constitutional Court considered that by not allowing him to carry out the interview in person (despite the fact that there was a circular that allowed both virtual and face-to-face interviews), the Ministry violated the citizen’s right to participate on equal terms in the recruitment process. Accordingly, the Constitutional Chamber ordered that if the recruitment process was held again, anyone who so requested, including the plaintiff in this case, had to be allowed to conduct the interview in person.

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